BREVE COMENTARIO SOBRE EL PROYECTO PARA LIMITAR LA LIBERTAD CON ANTERIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE LA PENA

Publicado por

Dr. Marcelo Ángel Biondi
http://www.marceloangelbiondi.com.ar

El efecto del hecho conocido públicamente donde perdiera la vida Abril Bogado de tan solo 12 años y de tantos acontecimientos delictivos que vienen acaeciendo en nuestro país en los largos últimos años han tenido como consecuencia modificaciones en el Código Penal o sus Leyes Complementarias, la más importantes de los últimos años fueron las llamadas Leyes Blumberg que endurecieron penas para determinados delitos, el resultado a la vista no han disminuido los hechos delictivos a partir de ese momento por el contrario van en aumento.

Entre tantos dos hechos que conmovieron a la sociedad uno fue el abuso sexual y femicidio de Micaela García en la ciudad de Gualeguay en el mes de Abril de este año, mediante el cual la justicia imputo a Sebastián Wagner como autor material y quien fue ya condenado en primera instancia a la pena de prisión perpetua.

Este hecho grave provoco la reglamentación de la Ley 26.879, que establece la creación del registro genético de delincuentes condenados por algún delito contra la integridad sexual, recordando que esta Ley tuvo media sanción en el año 2011, fue sancionado por el Senado en el año 2013 y la reglamento nuestro actual Presidente luego del caso Micaela García.

También se sanciono y promulgo el pasado mes de Julio la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (27.375), que limita las excarcelaciones y las salidas transitorias o libertad condicional para condenados por delitos graves.

Recientemente la muerte de Abril Bogado, una joven de 12 años, una niña, en manos de un delincuente menor de edad apodado “Pepito”, ha puesto nuevamente la necesidad de debatir sobre la libertad anticipada de las personas en prisión que se encuentran condenadas por algún hecho delictivo.

El proyecto que impulsa el Gobierno Bonaerense tiene como fin limitar la libertad anticipada para las personas condenadas por algunos delitos y también que los Jueces no tengan discrecionalidad para dejar a un lado los informes del Servicio Penitenciario cuando no aconsejan la salida del interno. (recordemos que estos últimos no son vinculantes para el Magistrado), no debemos perder de vista que la Ley Nacional 27.375 citada precedentemente forma parte del Código Penal y es de aplicación en la Provincia de Buenos Aires.

Como advertirán ante un hecho de inseguridad que conmociona se modifica la Ley Penal o Procesal Penal, por citar algunos caso Blumberg, caso Micaela García –modificaron- y caso Abril Bogado –probablemente modificara-.

Nuestro sistema de ejecución es progresivo, la persona privada de su libertad mientras va cumpliendo parte de la pena que establece la Ley accede a determinados beneficios y/o modalidades de cumplimiento de pena (salidas transitorias, libertad condicional, libertad asistida).

El fin es resocializar y poder reinsertarse en la sociedad, no hay que ser muy inteligente para concluir que en nuestro país este sistema por múltiples causas no funciona hace tiempo, sobre todo en la mayoría de los casos de personas imputadas o condenadas por delitos contra la propiedad –robo y por este un homicidio-.

Problemas de ausencia de control eficiente por parte del Patronato de Liberados y del propio Magistrado que hace lugar a la libertad, como también el estado nefasto de las Unidades Penitenciarias, como la procedencia de la persona imputada de lugares de residencia donde la proliferación de estupefacientes como el hampa son moneda corriente hace que sin chances la mayoría de estos individuos vuelva a reincidir.

La plataforma de la Ley Bonaerense que se pretende sancionar me parece adecuada en limitar la discrecionalidad del Juez, a mi criterio los informes que hoy hace el Servicio Penitenciario –que sería bueno los haga otra institución por los cuestionamientos que existen- deben tener peso en la decisión final del Magistrado.

Con respecto a las Leyes que limitan las excarcelaciones o la libertad condicional etc, a mi criterio en su confronte con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales son incontrastables, por lo tanto de mantenerse el sistema Constitucional Garantista que tenemos es mi convicción que este tipo de normas son inconstitucionales.

La preocupación de todos es la inseguridad urbana que como dije al comienzo es un lamentable fenómeno desde hace muchos años en nuestro país, no disminuirá por endurecimiento de penas o de cumplimiento de esta, sino requiere una reforma integral que sobre todo haga hincapié en la prevención del delito, debemos entender que tanto el Derecho Penal o Procesal Penal llegan después que el hecho ilícito fue cometido o se intentó perpetrar, pero será materia de otro artículo.